El Gobierno ha elevado del 20% al 30% de la jornada laboral la exigencia para considerar que el teletrabajo está establecido de manera regular en una empresa y sea de aplicación el texto que prepara. Así lo recoge el último borrador de la ley que el Ministerio de Trabajo ha hecho llegar a los agentes sociales.

La modificación se ha encontrado con el resquemor de UGT, que considera que «deja fuera de la protección de la ley a un número importante de trabajadores que desarrollan trabajo a distancia». Este sindicato defiende que ese aumento del porcentaje del 20% al 30% de la jornada «sólo debería producirse en casos excepcionales y durante un periodo de tiempo limitado y siempre que existiera acuerdo con la representación de los trabajadores».

La norma mantiene respecto a otras versiones que la modificación del porcentaje de presencialidad sólo podrá realizarse si concurre la voluntariedad tanto de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa.

La regulación también contempla que la negativa de una persona a trabajar a distancia; el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial; o su falta de adaptación o la «ineptitud sobrevenida» cuando estén vinculadas a esta fórmula de ejecución del trabajo “no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.