El Ministerio ha presentado una serie de propuestas para modificar la normativa sobre asilo, protección internacional y extranjería.
El objetivo es adaptar la legislación española a las nuevas normas europeas en materia de migración y asilo.
Estas propuestas todavía no están en vigor. Se trata de anteproyectos de ley que deberán continuar su tramitación antes de convertirse, en su caso, en normas aplicables.
¿Qué cambios se proponen? Uno de los principales es la creación de un procedimiento denominado triaje
Este procedimientos está destinado a las personas que lleguen a las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las normas de entrada al país .
Durante este proceso se podrá realizar:
- Un reconocimiento médico.
- Una valoración para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.
- La identificación de la persona.
- La recogida de datos biométricos.
- Una revisión de seguridad.
- La determinación del procedimiento que corresponde seguir según cada situación.
La propuesta establece que este proceso tendrá en España una duración máxima de 72 horas. En casos individuales y debidamente justificados, las normas dicen que este plazo podría ampliarse mediante una decisión judicial.
¿Qué ocurre con las personas que solicitan protección internacional?
Las personas que soliciten protección internacional tendrán derecho a permanecer en España mientras se tramita su solicitud, en los términos previstos por la normativa.
Sin embargo, esta permanencia no significa que la persona obtenga automáticamente un permiso de residencia.
La propuesta contempla determinadas situaciones en las que podría denegarse la entrada o acordarse la devolución.
Asimismo, si finalmente se rechaza una solicitud de protección internacional, la persona recibirá la correspondiente notificación junto con la decisión que establece la obligación de abandonar el país.
¿Y qué ocurre con las personas que hayan llegado de forma irregular ?
El anteproyecto también contempla un procedimiento específico para facilitar el retorno de aquellas personas que hayan llegado de forma irregular y no tengan derecho a protección internacional.
Según la propuesta, estos procedimientos deberán realizarse de manera ágil, pero garantizando al mismo tiempo los derechos de las personas afectadas.
Una reforma que todavía está en proceso